Pues si es así, haced que no compense.

Todos los ciudadanos estamos rodeados de leyes y normas: nacionales, autonómicas, locales, de circulación, administrativas, penales, … leyes y normas que imponen una conducta o determinan unos límites a algún hecho o a alguna acción y, en caso de ser rebasados o no cumplidas, el reglamento impone unas multas o sanciones.

¿Te suena? sí, verdad. Pues ahora preguntémonos. ¿Cual es el objetivo de las sanciones?

Tengo dos respuestas a esta pregunta: por un lado que no compense, haciendo que nos pensemos dos veces a la hora de rebasar los límite impuestos o llevar a cabo una conducta sancionable (“No pisar el césped, bajo multa de 100€”); y por el otro, en caso de sufrir su imposición, que nos quede gravado en nuestro cerebro de mamífero la relación causa-efecto (“sé por experiencia que si hago esto pasará esto”).

Supongo que estarás de acuerdo. Yo, desde hace unos cinco años, cada vez que me acerco a una rotonda, procuro reducir la velocidad a menos de 40 Km/h. Adivina por qué 😉

Pero, otro caso muy distinto ocurre con la corrupción política: extorsión, sobornos, fraude, tráfico de influencias, cohecho, etc., son algunas actividades que forman parte del día a día de la política española, y por cada caso que conocemos docenas o cientos permanecen ocultos al público. Aquí puedes ver un listado que indexa muchos de los casos abiertos y aquí un gráfico con los presuntos casos de corrupción que van apareciendo. Faltan muchos, diría que extrapolando muchísimos. Casi todo aquel con el que hablo tiene experiencia directa o de segundo grado de un flagrante caso de corrupción política, pero no lo denuncian porque (a) me juego el trabajo o (b) aunque es fácil de ver es difícil de demostrar ante un juez.

El segundo caso es más sangrante. Se dice que la justicia española es garantista; esto implica que “el estado de derecho garantiza la protección de los derechos y libertades del ciudadano” (una de las acepciones de Ferrajoli, L.) y por tanto la justicia tiene como uno de sus fines, además de la de impartir justicia, garantizar los derechos y libertades individuales de acuerdo con la constitución.

Buenas intenciones; pero todas las mejores intenciones del mundo se derrumban cuando aquellos que deben diseñar, redactar o promulgar las leyes – normas con las que deben lidiar todos los ciudadanos, jueces incluidos – son amigos, compañeros o incluso los mismos que las infringen.

El problema, desde mi punto de vista, no es que el sistema judicial sea garantista, el problema es que aquellos que diseñan las leyes las hacen de tal modo que:

• La justicia sea lenta, muy lenta, cuando interese.
• La defensa de un determinado equipo de abogados sea un factor determinante.
• La fiscalía dependa de instancias políticas.
• La promoción de jueces y fiscales dependa muchas veces de decisiones políticas.
• y mi favorita: que la pena o sanción que el corrupto pueda sufrir haga que corromperse merezca la pena.

Junta todo lo enumerado, añádele los datos que seguramente yo desconozco y tenemos un sistema diseñado para la prevención de acusaciones y limitación de daños en caso de encausamiento.

¿Queréis acabar con la corrupción? pues haced que no compense.